El Gobierno nacional requiere apropiar recursos por $5.1 billones para saldar el rezago de subsidios en energía y gas que actualmente acumula en el país.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en consejo de ministros, precisó que $4.18 billones corresponden a los subsidios adeudados en materia de energía para estratos 1, 2 y 3; mientras que, en gas, se deben $935 mil millones.

Sostuvo que es necesario y urgente que se paguen oportunamente estos subsidios, porque de lo contrario —dijo— se generaría un riesgo operativo, técnico y social.

“Ocurriría un riesgo sistémico. Esto implica que las comercializadoras no reciban recursos que ya han aplicado a los usuarios y, por lo tanto, acumulen deudas con sus acreedores, generando un círculo que deteriora el sistema de prestación del servicio de energía eléctrica”, explicó.

El alto funcionario enfatizó que este es un problema heredado, producto de una decisión política de hace más de 10 años de desmontar las contribuciones de algunas industrias.

Indicó que actualmente se está revisando la posibilidad de modificar ese decreto, que aún se encuentra en estudio por parte de los ministerios, con el fin de recuperar contribuciones y reducir el uso de recursos del Presupuesto General de la Nación.

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“Hemos implementado una medida paliativa a través del Grupo Bicentenario, para contar con recursos que permitan dar liquidez a las empresas mediante un mecanismo de cesión de derechos para el pago de subsidios, previsto en la normatividad colombiana desde el año 2020”, agregó Palma.

El ministro aseguró que se han dispuesto más de $600 mil millones para darle caja a las comercializadoras de energía eléctrica y aliviar la situación que atraviesan, particularmente las empresas públicas, que han sido afectadas por el no pago oportuno de los subsidios.

Adicionalmente, aseguró, se está impulsando el programa Colombia Solar con el que se busca cambiar los subsidios por paneles solares.

“Se trata de una norma vigente desde hace más de 10 años, que fue reglamentada en este Gobierno. Su aplicación comenzará en la costa Caribe, especialmente en los mercados de Air-e, que son Magdalena, La Guajira y Atlántico, en particular en la ciudad de Barranquilla, a través de nuestra empresa pública generadora Gecelca”, mencionó.

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Por otra parte, se impulsa un borrador de resolución, que actualmente está en etapa de comentarios, con el que se pretender salvaguardar la prestación del servicio de energía en los departamentos que cubre Air-e.

El ministro Palma reconoció que esta medida ha generado divisiones, incluso entre los gremios, pero que están convencidos de que es una decisión responsable con el país y con la prestación de un servicio público esencial.

“Es una demostración de que este Gobierno está comprometido con la seguridad energética, la transición energética y la garantía de los recursos necesarios para que los usuarios continúen recibiendo los subsidios. Por ello, en virtud del decreto de emergencia económica, se requieren recursos para cubrir este faltante en materia de subsidios y garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas”, apuntó.